El gobernador Gustavo Valdés se reunió ayer con el fiscal de Estado de la Provincia, Horacio Ortega, para firmar una demanda contra la Nación ante la Corte Suprema por el recorte de coparticipación que implican tanto el Decreto N°473/2023 como la Ley N° 27725, que redujeron la alícuota del impuesto a las ganancias que percibe el Estado provincial.
En ese sentido, a través su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario explicó: "Solicitamos la inconstitucionalidad de las normas y presentamos una medida cautelar para que la Nación compense las pérdidas con sus recursos".
Seguidamente, Valdés afirmó que la normativa "afecta a Corrientes en $ 15.000 millones este y el próximo mes con una proyección de más de $ 100.000 millones para 2024".
"Y ahora va la tercera (demanda) y es por el descuento inconsulto por fuera del pacto fiscal a las provincias argentinas, porque eso le implica a Corrientes tener menos plata para salud y para educación que él dice defender, pero él directamente nos corta, como también la obra pública", agregó y lanzó: "De este tipo de políticos que dicen una cosa y hacen otra, yo realmente estoy cansado".
En tanto, el fiscal de Estado, Horacio Ortega, explicó: "Hoy (por este lunes) suscribió la demanda que se interpone ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de pedir la inconstitucionalidad del Decreto 473/2023 de la Ley 27725, mediante la cual hubo una modificación al impuesto a las ganancias que afecta directamente a la masa coparticipable y por ende afecta a los recursos de la provincia de Corrientes".
En esa línea, Ortega indicó que "esta demanda tiende a declarar la inconstitucionalidad de las normas" y "esperamos que la Corte se expida en una medida cautelar donde solicitamos que, ante esta retracción de recursos de las ganancias de la Nación, para que el Gobierno se haga cargo de lo que no le va a ingresar a la Provincia".
De esta forma, la Provincia busca que las normas sean consideradas inconstitucionales para que "se mantenga la masa coparticipable" para que la Provincia "no sufra daños ya que Corrientes tienen obligaciones donde ya cuenta con números para la definición del fin de año y el que viene y con estas dos normas se complica a la Provincia, no solo en la cuestión fiscal sino en todos los órdenes", dijo el fiscal.
